ASUNCIÓN. En una jugada que sacude los cimientos del oficialismo, los principales referentes del cartismo en el Senado —encabezados por el presidente del Legislativo, Basilio «Bachi» Núñez, Natalicio Chase y Antonio Barrios— presentaron un punzante pedido de informe dirigido al Banco Central del Paraguay (BCP) para auditar de forma minuciosa las operaciones financieras de ueno bank, bajo la sospecha de presuntas violaciones a las normativas de límites legales con empresas vinculadas y la masiva concentración de fondos públicos, incluidos los del Instituto de Previsión Social (IPS).
Ante este escenario, las repercusiones no se hicieron esperar en la Cámara Baja, donde el diputado colorado oficialista Alejandro Aguilera ensayó una postura de cautela alegando la necesidad de transparentar las operaciones y señalando que, así como se han solicitado informes a otras entidades bancarias del mercado, es importante que el BCP provea claridad sobre la situación.
Sin embargo, la lectura que predomina en los pasillos del Congreso va mucho más allá de un simple control de rutina, ya que analistas y legisladores observan esto como la primera gran fisura pública entre el «cartismo duro» y el «peñismo», interpretándose este movimiento como un «tirón de orejas» directo de Horacio Cartes hacia el presidente Santiago Peña, quien posee un fuerte vínculo histórico con el vertiginoso crecimiento del Grupo Vázquez y ueno bank, entidad de la cual fue accionista antes de asumir la conducción del Poder Ejecutivo.
El meteórico ascenso de este banco, que en tiempo récord absorbió a Visión Banco y pasó a captar billonarios depósitos del Estado, ha estado siempre bajo la lupa de la opinión pública, por lo que al activar los mecanismos de control legislativo sobre el banco «emblema» del entorno del presidente, el cartismo duro envía un mensaje contundente de dependencia política, demostrando quién maneja realmente las mayorías en el Congreso mientras el nudo de la investigación exije aclarar si se violó la ley respecto a la prudencia financiera y si la entidad financiera sobrepasó los límites permitidos en operaciones con firmas vinculadas, coincidiendo temporalmente con un polémico proyecto de ley que busca declarar en emergencia al IPS para permitir que la previsional siga colocando recursos por encima de los topes legales, lo que ha despertado sospechas sobre si este pedido de informe cartista es un «apriete» político para renegociar cuotas de poder o un intento de blindaje antes de que el escándalo de la concentración de los fondos jubilatorios sea irreversible.