Una creciente y sofocante presión sobre el sistema de justicia desató una profunda inquietud institucional en el Poder Judicial, principalmente en la estratégica circunscripción de Alto Paraná, ampliada en otras zonas del país.
Según revelaron bajo estricta reserva de identidad por temor a represalias; varios jueces, camaristas y fiscales, el acoso sistemático mediante llamadas telefónicas y abordajes directos por parte de operadores ligados a los órganos de juzgamiento y selección de magistrados ha alcanzado niveles insostenibles.
Los señalamientos apuntan de forma directa al abogado Gustavo Álvarez, integrante del equipo del actual presidente del Consejo de la Magistratura, Gerardo Bobadilla, y otro de los cuestionados es Enrique Berni, quien se desempeña tanto en el Consejo de la Magistratura como en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
De acuerdo con los testimonios recabados, ambos operadores realizan un seguimiento asfixiante sobre causas de alto impacto económico, abogando e interviniendo de manera directa e insistente en expedientes millonarios, en el caso de Berni, como un litigante más, compitiendo así de forma desleal contra abogados del gremio que él busca representar.
La gravedad de la situación radica en la posición de poder que ostentan los involucrados directa e indirectamente, ya que el Consejo de la Magistratura decide la continuidad y conformación de ternas para cargos judiciales, mientras que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, tiene la facultad directa de juzgar y remover a los operadores de justicia.
Esta dualidad de funciones y cercanía con las estructuras de control convierte cada «consulta» a jueces, camaristas y fiscales, respecto a las causas a sus respectivos cargos, en una amenaza velada que vulnera abiertamente la independencia del ejercicio jurisdiccional.
El clima de zozobra e incomodidad entre los administradores de justicia es tal, que la intensidad de las llamadas e intervenciones directas, han rebasado todo límite tolerable.
Varios magistrados afectados confesaron que, ante la imposibilidad de fallar con imparcialidad y la constante sombra de represalias institucionales, se encuentran analizando seriamente la presentación de sus renuncias a los cargos.
Una juez cuyo identidad omitimos nos comentó; no llaman o no nos convocan a pedir por una caso de prestación alimentaria ni un caso de poca monta, siempre los pedidos son por casos donde el litigio es de millones de dólares, y ya estamos hartos de estos manoseos.
Esta crisis sin precedentes amenaza con desencadenar una desbandada de administradores de justicia; y deja al descubierto el grado de injerencia de estas autoridades en procesos judiciales donde el litigio siempre es millonario.
Fuente: Canal_e_py/ Observapy