En una tensa jornada judicial, la funcionaria del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Nilda Rojas Melgarejo, evitó confirmar si los certificados de estudios que carecen de datos básicos cumplen con las normas vigentes. Su declaración se dio en el marco del juicio oral contra el exsenador Hernán Rivas, acusado por la Fiscalía de utilizar un título de abogado presuntamente falso. Ante las reiteradas preguntas de los fiscales y el Tribunal de Sentencia sobre si un documento sin número de acta ni fecha de evaluación se ajusta a la Resolución 2424/2016 del MEC, la auditora eludió responder con un «sí» o un «no», limitándose a repetir en múltiples ocasiones la frase “no tengo respuesta”.
La situación escaló a tal punto que los jueces tuvieron que recordarle que declaraba bajo juramento y que mentir es un delito penal, advirtiéndole que su testimonio será duramente evaluado tras aplicar lo que pareció la «ley del ñembotavy» (hacerse la desentendida).
La testigo argumentó que el equipo de auditoría no tuvo a la vista los expedientes físicos completos y se aferró al polémico reporte técnico de 2020 que, en su momento, sirvió para validar el registro del título de Rivas en el sistema informático del MEC. Durante la sesión trascendió que dicha auditoría interna se cerró de manera inusualmente rápida —en solo 10 días— bajo la gestión del entonces ministro Eduardo Petta, facilitando la entrega de los papeles legalizados a la Universidad Sudamericana el 11 de junio de 2020.
Este testimonio deja en evidencia cómo las propias instituciones del Estado registraron y validaron un título profesional plagado de irregularidades en tiempo récord, levantando serias sospechas de corrupción para favorecer al político.
El caso de Hernán Rivas es uno de los mayores escándalos políticos recientes en Paraguay. El exsenador utilizó este cuestionado título de la Universidad Sudamericana para obtener su matrícula ante la Corte y, gracias a ello, llegar a ser presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el órgano poderoso que juzga y destituye a jueces y fiscales. El Ministerio Público sostiene que su título es falso porque no existen registros reales de que haya asistido a clases o rendido materias —incluso exalumnos declararon que jamás lo vieron en las aulas—, por lo que Rivas enfrenta este juicio oral por uso de documentos públicos de contenido falso, un delito con una expectativa de pena de hasta 5 años de cárcel.