ASUNCIÓN. En un silencioso revés para la equidad previsional, la Cámara de Diputados dejó vencer los plazos constitucionales para tratar el polémico proyecto que reforma la Caja Parlamentaria. Al operar la sanción automática (ficta), quedó firme el texto de la Cámara de Senadores, enviando al Poder Ejecutivo una ley que, bajo el rótulo de «privada», seguirá operando como un club de beneficios selectos sostenido por el dinero de todos los paraguayos.
El corazón del debate radica en una ficción financiera: si bien la nueva normativa ratifica que la caja no recibirá transferencias directas del Tesoro Nacional para cubrir su recurrente déficit, en la práctica el sistema se alimenta exclusivamente de fondos públicos. El 24% de aporte obligatorio que realizan los legisladores activos se calcula sobre dietas y gastos de representación que provienen en un 100% de la recaudación de impuestos de los contribuyentes.
Las claves del privilegio privatizado con billetera estatal. La reforma introduce cambios cosméticos que buscan calmar el descontento social, pero mantiene una distancia abismal con las condiciones exigidas a cualquier trabajador del sector privado o aportante del Instituto de Previsión Social (IPS): Administración pública, beneficio privado: Toda la estructura administrativa, los sueldos del personal de la Comisión del Fondo y los gastos operativos de esta caja «independiente» se seguirán pagando con recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN).
Retiro dorado a corto plazo: Un parlamentario podrá acceder a una jubilación ordinaria del 80% de sus ingresos con solo 15 años de aporte (tres periodos) y 60 años de edad. En contraste, un trabajador común bajo el régimen general del IPS requiere un mínimo de 25 o 30 años de aportes para alcanzar porcentajes similares.
El salvavidas del 95%: En caso de no completar los periodos requeridos para jubilarse, el legislador tiene el derecho exclusivo de retirar hasta el 95% de todo lo aportado. Este mecanismo de devolución no existe en el sistema previsional de los ciudadanos comunes, donde el dinero se pierde o se congela si no se alcanzan los mínimos legales.
Sueldos de privilegio como base: Al jubilarse con el 80% o 60% del promedio de lo cobrado, el haber de retiro de un exlegislador equivale a varias veces el salario mínimo legal, consolidando una élite previsional financiada desde el origen por el erario público.
Al eludir el debate y permitir la sanción automática, la clase política blindó un sistema donde el riesgo financiero se privatiza mediante la fachada de una caja propia, pero el capital de origen y el sostén operativo permanecen anclados a las costillas del Tesoro Nacional. El documento se encuentra ahora en manos del presidente Santiago Peña para su promulgación o veto.