La Cámara de Diputados sancionó y remitió al Poder Ejecutivo este miércoles un nuevo préstamo por US$ 75 millones del Banco Interamericano de Desarrollo, destinado al «Programa de Mejoramiento de la Conectividad Rural» del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. La aprobación se destrabó tras tres semanas de parálisis y negociaciones lideradas por el vicepresidente Pedro Alliana, con promesas de la ministra Claudia Centurión de distribuir obras en departamentos de diputados disconformes.
En menos de 24 horas el Congreso también dio vía libre al préstamo japonés para el Corredor Suroeste por unos US286millones.Con ambos créditos, el gobierno sumo mas de US 360 millones a la deuda en una sola jornada. El nuevo endeudamiento se da en un contexto de máximos históricos para las finanzas públicas. Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas al cierre del primer semestre de 2026, la deuda pública total del Sector Público trepó a US21.947millones.
Es US 1.498 millones más que a fines de 2025. Ese saldo equivale entre 35,5% y 36,7% del Producto Interno Bruto. Del total, US19.222 millones corresponden al Gobierno Central y US 2.725 millones a empresas públicas y entidades con garantía soberana.
La composición muestra una fuerte dependencia del mercado y de multilaterales o sea prestamos extranjeros: US 9.042 millones están en bonos soberanos, con un alza de 10,1%, 8.576 millones se deben a organismos como BID, Banco Mundial y CAF. Otros US$ 491,3 millones corresponden a contratos «llave en mano».
A eso se suma un pasivo no financiero reconocido recientemente por el MEF: US1.270millones en deudas flotantes con proveedores. US 1.050 millones son con farmacéuticas y laboratorios del sistema de salud y US 220 millones con constructoras del MOPC.
Con este reconocimiento ,el costo anual de intereses de toda la deuda ronda los US 1.000 millones.
Analistas advierten que Paraguay entró en una dinámica de «bicicleteo»: se toman créditos nuevos para pagar intereses y cubrir gastos corrientes, mientras la recaudación tributaria sigue siendo insuficiente. Aunque calificadoras como S&P Global destacan el déficit controlado de 1,5% y el crecimiento de 6,5% en 2025, alertan por la velocidad de acumulación de pasivos.
Los US$ 75 millones del BID se ejecutarán en caminos vecinales de Caaguazú, San Pedro, Concepción y Alto Paraná. Sectores ciudadanos cuestionan no solo el monto, sino la ejecución y el control de las obras, en medio de denuncias de «asfaltos fantasmas» y licitaciones direccionadas. Con cada nueva aprobación, la mochila fiscal se traslada a las próximas generaciones. El debate ahora pasa por si el país está creciendo para pagar deuda, o endeudándose para poder crecer.