Un violento choque en cadena provocado por un camión de gran porte que se quedó sin frenos en el cruce semafórico de Pedrozo, Ypacaraí, causó la muerte de cinco personas y dejó siete heridos. El vehículo pesado embistió a cuatro automóviles que aguardaban la luz verde en la base del cerro Caacupé, cobrándose la vida de cuatro integrantes de una misma familia y de una mujer de cincuenta y ocho años.
El conductor del camión sobrevivió, dio negativo al alcotest y fue imputado por homicidio culposo bajo prisión preventiva tras alegar una falla en las mangueras de aire de su sistema de frenado.
El desastre trasladó de inmediato la indignación social al Congreso, donde los bloques de la oposición formalizaron un pedido de interpelación contra la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión. Los legisladores opositores calificaron el hecho como una negligencia criminal estatal y cuestionaron que el costo de la ruta py02 se elevó de quinientos veintinueve a setecientos millones de dólares sin garantizar la seguridad vial.
En contrapartida, la bancada oficialista de Honor Colorado blindó al gabinete del presidente Santiago Peña, rechazando la interpelación por considerarla oportunista y argumentando que un fallo mecánico particular no debe usarse como juicio político.
Desde el punto de vista técnico, la persistencia de un semáforo al final de una pendiente pronunciada es señalada como un peligro constante, agravado por el hecho de que el camión no ingresó a la rampa de escape disponible. Ante los reclamos, el viceministro de Obras Públicas, Hugo Arce, admitió que el proyecto para construir un viaducto y eliminar el semáforo está paralizado por litigios judiciales de expropiación de terrenos. La tragedia expone la falta de control sobre flotas pesadas obsoletas y evidencia cómo la burocracia estatal y las disputas partidarias postergan una solución definitiva en una de las rutas más transitadas del país.