César Alfredo Caffarena, abogado del departamento de Asesoría Jurídica de la Administración Nacional de Electricidad, está metido en una polémica al aconfirmarse que forma parte de la nómina de graduados «exprés» de la Universidad Sudamericana, lista que fue revelada originalmente en octubre de 2023 por el diputado Raúl Benitez y la exsenadora Kattya Gonzalez.
La denuncia inicial expuso a 65 estudiantes de Derecho que obtuvieron su título de grado en solo tres años, a pesar de que el plan de estudios oficial exigía un mínimo de cinco años. En el caso particular de Caffarena, su titulación se registró en junio de 2013, un dato llamativo considerando que dicha casa de estudios fue habilitada recién en el año 2010. Además, se detectaron inconsistencias en los registros oficiales, ya que en el portal de abogados de la Corte Suprema de Justicia figura sugestivamente como egresado de la Universidad Nacional de Asunción, a diferencia de otros funcionarios de la misma lista que sí aparecen vinculados a la Sudamericana.
A pesar de estas irregularidades en su formación académica, Caffarena percibe una remuneración mensual global de G. 22.512.303 en la estatal eléctrica, según datos actualizados a marzo de 2026. Los registros detallan que su salario base es de G. 12.278.800, complementado con millonarios beneficios que incluyen G. 4.297.580 por disponibilidad, G. 1.749.692 por antigüedad, G. 2.868.138 por bonificación adicional y G. 2.768.340 por jefatura. Paradójicamente, en la planilla oficial del ente figura con el cargo de «Asistente Comercial» y un grado de instrucción correspondiente a «Bachillerato», pero aun así cobra asignaciones específicas destinadas a profesionales, consistentes en G. 563.656 por título complementario y G. 741.344 por título profesional.
La situación adquiere un tinte de profunda contradicción institucional, ya que Caffarena es justamente uno de los principales impulsores de la denuncia penal por producción de documentos no auténticos contra otro funcionario de la ANDE, Guido Evaristo González, quien irá a juicio oral por haber falsificado supuestamente un título de ingeniero en electrónica de la UNA para cobrar bonificaciones profesionales durante años. El pasado 29 de mayo de 2026, el juez Rolando Duarte elevó la causa de González a juicio público, y la Fiscalía ha propuesto al propio Caffarena como testigo clave en el litigio.
Mientras ejerce activamente la representación legal del ente en diversos procesos judiciales de alta relevancia y participa en reuniones con delegaciones internacionales como la Unión Europea, los cuestionamientos sobre la legitimidad de su propio título de abogado continúan vigentes en el marco de los escándalos de títulos exprés que salpican a los tres poderes del Estado.
Fuente: Observapy
