Las declaraciones juradas patrimoniales del diputado nacional Mauricio Espínola presentan varias inconsistencias documentadas. Entre ellas se encuentran una Toyota Fortuner que no figura en los registros hasta julio de 2023, una operación inmobiliaria por G. 578.005.440 sin un inmueble claramente identificado y el desembolso de G. 80 millones como reparación económica a la familia de Emilio Benítez, el trabajador fallecido tras el accidente en el que estuvo involucrado el legislador.
Los G. 80 millones se formalizaron en dos actos notariales de G. 40 millones cada uno, a los que se sumaron gastos médicos, de internación y sepelio. En la declaración jurada revisada no se identifica una disponibilidad de efectivo que explique ese monto. En julio de 2023, Espínola informó ingresos mensuales de G. 32.774.840, gastos ordinarios de G. 11.374.968 y cuotas por aproximadamente G. 14.988.560, lo que generaba un margen residual de unos G. 6,4 millones mensuales. La legislación de prevención de lavado de activos exige trazabilidad en operaciones de este tipo, especialmente cuando son instrumentadas por escribanos sujetos a controles de Seprelad.
La Toyota Fortuner, registrada a nombre de Espínola e involucrada en el accidente, tampoco aparece en las declaraciones juradas analizadas hasta julio de 2023. No se detallan en esos documentos la fecha de adquisición, el valor pagado ni el origen de los fondos.
En 2021, Espínola consignó una Mazda BT-50 con un valor de USD 32.000, cifra que habría ingresado al cálculo patrimonial como G. 32.000. En 2023 esa misma camioneta figura valuada en G. 232.283.200. El patrimonio neto declarado pasó de G. 30 millones en 2018 a G. 164.201.920 en julio de 2023.
Respecto a la operación inmobiliaria de G. 578.005.440, los números declarados indican una cuota de G. 11.205.040 y un saldo pendiente de G. 22.410.880, lo que implica que se habrían abonado cerca de G. 555 millones. Sin embargo, no se registra el activo correspondiente (casa, departamento, terreno u otro derecho inmobiliario) en las declaraciones revisadas.
Estas diferencias entre los montos declarados, los bienes registrados y los desembolsos realizados constituyen los puntos centrales de las inconsistencias observadas en la documentación patrimonial del diputado.