El sistema de salud pública paraguayo ha sido testigo de uno de los episodios más alarmantes de corporativismo y radicalismo sindical. Tras haber arrastrado al Gobierno a una mesa de negociación mediante medidas de fuerza extremas que rozaron la extorsión institucional, el Sindicato Nacional de Médicos (SINAMED), liderado por la doctora Rosana González, pretendía coronar su cuestionada victoria con un manto de impunidad absoluta. Sin embargo, la Justicia ha frenado en seco sus intenciones.
En un fallo contundente, la jueza Luz Marlene Ruiz Díaz desestimó el amparo constitucional promovido por la dirigencia del gremio, el cual buscaba prohibir de forma definitiva que el Ministerio de Salud diera a conocer la nómina de los funcionarios públicos que se plegaron a la huelga. La resolución judicial es fulminante: los legajos laborales, registros de asistencia y listas de manifestantes en la función pública no son datos sensibles ni información privada.
Pertenecen al escrutinio del pueblo paraguayo, que es el que financia cada guaraní de sus salarios. La actitud de este sector médico resulta éticamente insostenible. Utilizaron como rehenes a los pacientes más vulnerables del país —suspendiendo consultas, cirugías programadas y tratamientos esenciales en una red que sostiene al 70 % de la población sin seguro médico— para forzar un incremento en el piso salarial y otras prebendas. Presionaron al Estado al borde del colapso bajo la consigna de una supuesta lucha digna; pero ahora que consiguieron sus objetivos, se niegan rotundamente a dar la cara y asumir las consecuencias administrativas de sus propios actos.
Esta alarmante opacidad esconde un doble rasero: exigen beneficios del Estado como servidores públicos, pero actúan en las sombras como una cofradía privada. Pretender el anonimato tras paralizar un servicio básico es un insulto a la ciudadanía afectada y una abierta burla al principio de transparencia.
El Ministerio de Salud, bajo las directrices de control estricto de productividad anunciadas por el ministro Isaías Fretes, requiere estas listas de manera urgente por tres razones legales y operativas ineludibles: Aplicación del descuento por ley: El principio laboral básico dicta «día no trabajado, día no pagado».
El anonimato solo busca evitar los descuentos legales por las jornadas de paro, pretendiendo cobrar fondos públicos por horas no dedicadas a los pacientes.
Justicia con los médicos que sí trabajaron: Mantener oculta la lista desmerita y desprotege a los cientos de profesionales de blanco que decidieron no abandonar sus puestos, cumpliendo sus guardias de forma regular en medio de la crisis.
Derecho constitucional a la información: Los ciudadanos tienen la facultad de auditar el presentismo de quienes están a cargo del cuidado de su vida. La huelga en servicios esenciales nunca puede ser un cheque en blanco para el chantaje y posterior ocultamiento. Con el amparo sindical completamente pulverizado por los tribunales, el gremio médico radical se ha quedado sin escudos legales.
El Ministerio de Salud tiene ahora la obligación histórica de publicar de forma inmediata la lista de huelguistas, transparentando de una vez por todas quiénes antepusieron los intereses corporativos a la salud de la gente.