ASUNCIÓN. El rol fiscalizador que ejerce activamente el senador Rafael Filizzola (Partido Democrático Progresista) dentro del Congreso —encabezando constantes cuestionamientos y pedidos de informe al actual Gobierno— ha reabierto el debate público respecto al balance de su trayectoria política y el desenlace de los procesos judiciales derivados de su paso por la función ejecutiva.
El debate se centra en la extensa permanencia del parlamentario y su esposa, la exsenadora Desirée Masi, en cargos de representación popular y gestión pública. Conjuntamente, ambos acumulan más de tres décadas en la función estatal: Filizzola como diputado (1998-2008), ministro del Interior (2008-2011) y senador (2023-2028), mientras que Masi ejerció como diputada (2008-2013) y senadora durante dos periodos consecutivos (2013-2023).
Las causas judiciales y los números en debate. Sectores críticos cuestionan si la severidad del discurso anticorrupción del legislador se corresponde con su historial judicial, el cual incluye investigaciones por contrataciones públicas durante su gestión al frente del Ministerio del Interior.
Caso “Comisarías de Oro”: Expediente iniciado por presunta lesión de confianza en la adjudicación de obras en 24 comisarías por un valor cercano a los **G. 1.200 millones**. El caso se resolvió en primera instancia por prescripción de la causa. No obstante, la resolución continúa formalmente trabada en la Cámara de Apelaciones tras los recursos planteados por el Ministerio Público, que insiste en que no correspondía extinguir el proceso.
* **Caso Helicópteros:** Investigación sobre la adquisición de cuatro aeronaves para la Policía Nacional por un monto superior a los **G. 50.000 millones** (USD 8 millones aproximadamente). En marzo de 2025, el tribunal decretó el sobreseimiento definitivo del legislador debido a fallos procesales e incidentes que impidieron la elevación de la causa a juicio oral.
Por su parte, la defensa técnica del senador sostiene firmemente su inocencia y argumenta que los procesos penales respondieron a una persecución política impulsada por sectores adversarios. Asimismo, señalan que la prescripción y el sobreseimiento son figuras legales plenamente válidas garantizadas por la Constitución ante la inacción y las dilaciones del propio aparato judicial.
Sin embargo, analistas y sectores de la opinión pública remarcan la diferencia cualitativa entre una sentencia absolutoria dictada en un juicio oral tras la valoración integral de las pruebas y la conclusión de procesos por motivos procesales o por el paso del tiempo. Sostienen que quien ejerce el control político y la fiscalización permanente sobre el Estado debe estar dispuesto a someter su propia gestión a la misma vara de exigencia.