La Comisión Especial de Investigación del Senado, liderada por el senador Rafael Filizzola, encamina un paquete de denuncias penales ante el Ministerio Público tras exponer un esquema delictivo que golpea a unas 17.000 víctimas, con un perjuicio estimado en más de US$ 92 millones anuales.
El modus operandi consiste en la utilización sistemática de pagarés adulterados o incompletos para fraguar deudas e iniciar juicios ejecutivos amañados en juzgados de Paz, multiplicando embargos compulsivos sobre salarios de trabajadores y jubilados en un estado de total indefensión.
Frente a esto, la comisión avanza firmemente mediante el despliegue territorial en zonas críticas como Ciudad del Este para sumar testimonios, la exigencia de inspecciones del Banco Central del Paraguay (BCP) al Banco Nacional de Fomento (BNF) por irregularidades en débitos, y el impulso de reformas legislativas permanentes.
Estas normativas buscan modernizar el juicio ejecutivo, obligar a la devolución del pagaré original y permitir el levantamiento de embargos en expedientes extraviados, respondiendo al reclamo de la Coordinadora de Víctimas que exige sanciones implacables y la depuración del sistema judicial.