Cada vez que un ciudadano paraguayo saca un turno médico en el Instituto de Previsión Social, paga una factura, sufre un corte de luz en la ANDE o realiza un trámite financiero en el Banco Nacional de Fomento, sus datos pasan por un filtro invisible que responde a un mismo apellido.
Mientras las obras públicas tradicionales como puentes, rutas u hospitales se pueden ver, tocar y fiscalizar a simple vista, la infraestructura informática del Estado opera en un terreno silencioso donde muy pocos miran, pero donde se concentra un poder estratégico colosal.
Detrás de la pantalla que sostiene el funcionamiento diario de las instituciones más sensibles de la nación opera Softshop S.A., una firma de estructura estrictamente familiar encabezada por Juan Bautista Cazenave Cardús y Juan Martín Cazenave. Lo que a simple vista parece una simple proveedora de insumos o programas informáticos es, en realidad, el guardián absoluto de la continuidad operativa del país. La empresa no solo ha acaparado contrataciones públicas por un monto que supera los 205.111 millones de guaraníes, sino que ha logrado incrustarse en el núcleo mismo de la gestión pública, convirtiéndose en un monopolio invisible del que las principales entidades estatales pasaron a depender por completo.
El alcance de este pulpo tecnológico abarca desde la administración de las historias clínicas de millones de asegurados y el respaldo de bases de datos financieras hasta la gestión de servidores centrales y el mismísimo software que controla la distribución de la energía eléctrica nacional. Al ceder la administración de estos sistemas críticos a un único grupo económico, el Estado no está comprando licencias ni equipamiento básico: está entregando las llaves de su soberanía operativa a un conglomerado privado.
Aunque la empresa cuenta con sus papeles tributarios en regla, la extrema concentración de datos sensibles en manos de un solo sello familiar enciende alarmas éticas y operativas urgentes. Los informes corporativos revelan además un entramado de sociedades interconectadas que operan desde una misma sede y se extienden al sector inmobiliario, evidenciando un imperio económico consolidado a la sombra de distintos gobiernos de turno.
Ante este escenario, surgen interrogantes inevitables sobre la falta de auditorías técnicas independientes que garanticen la seguridad de la información de la ciudadanía y la transparencia de las licitaciones públicas que, misteriosamente, terminan de manera sistemática en las mismas manos.
Fuente: TribunaParaguay
