Andrés Villalba es el precandidato a gobernador del Ñeembucú por el movimiento Nuevo País, liderado por Dionisio Amarilla, exsenador expulsado por denuncias de supuesto enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Durante su paso como responsable del programa Tekoporā, Adultos Mayores, ProPaís II y Ñopytyvo de la SAS (hoy Ministerio de Desarrollo Social), Villalba habría estado involucrado en irregularidades como pagos a personas que no se encontraban en extrema pobreza, que repercutió en el desvío de más de 800 millones de guaraníes que deberían haber ido a los pobres y que terminaron en manos de fallecidos, ganaderos, funcionarios públicos, jubilados, pensionados y docentes, según la propia Contraloría General de la República (CGR).
Una serie de irregularidades es lo que se desprende de un informe de la Contraloría General de la República, que investigó la gestión de varios funcionarios, entre ellos al precandidato a gobernador Andrés Villalba, quien se desempeñó como Director General de Protección Social y Desarrollo Humano de la SAS (ahora Ministerio de Desarrollo Social) y que tenía a su cargo la definición y el control de los beneficiarios de los programas de Transferencias Monetarias con Corresponsabilidades (TMC), entre ellos los programas Tekoporā, Ñoptyvo, Propais II y Adultos Mayores.
Las Resoluciones CGR Nº 794/10 ampliada por la Resolución CGR 220/11 de la Contraloría General de la República indica que en cuanto al programa Tekoporā, más de 800 millones de guaraníes fueron a parar en manos de gente que “no estaba en extrema pobreza” o que tenía suficiente “solvencia económica”. “Existen familias que fueron beneficiadas y que sin embargo cuentan con almacén, vehículos, tienen animales, son jubilados, pensionados, etc. Esto demuestra que no existieron mínimos controles en la asignación de aportes a las familias”, reveló la Contraloría, al indicar la “deficiente gestión y estimación de los recursos” de Villalba, que repercutió en que los recursos del Estado sean destinados a otras personas sin los más mínimos controles.
Asimismo, la Contraloría descubrió varios casos de pagos dobles a un mismo hogar beneficiario del programa Tekoporā, como también que los propios funcionarios públicos de la SAS y sus familiares sean beneficiarios del programa. Estas irregularidades motivaron a que la Contraloría denuncie que “los recursos se hayan utilizado incorrectamente y destinados a la población no objetivo”
En el caso del programa de Adultos Mayores, la Contraloría detectó que personas que ni siquiera alcanzaban los 60 años mínimos requeridos, fueron beneficiarias del programa a cargo de Andrés Villalba, ejecutado por varias ONGs sin el más mínimo control. En este sentido, la Contraloría reveló la “mala ejecución de los recursos” ya que tales recursos deberían haberse destinado a personas mayores de 60 años. Asimismo, el informe de la Contraloría detectó varias “capacitaciones fantasmas” avaladas por Villalba, indicando que “no ha encontrado ningún documento que demuestre que se hayan realizado las capacitaciones o talleres a los beneficiarios”
Igualmente en el caso del programa Ñopytyvo, se encontraron que esposas de los propios funcionarios recibían las transferencias monetarias que tendrían que haber ido a personas en “extrema pobreza”.
Los antecedentes de Villalba surgen en medio de los ataques típicos de las internas del PLRA en el Ñeembucú, que recientemente subieron de tono entre el diputado Carlos Enrique Silva, quien aspira al rekutú por la lista 22, por un lado, y por el otro lado, entre Diosnel Aguilera, precandidato a diputado por la lista 9. En la contienda se menciona asimismo al ministro de la Corte Suprema de Justicia Víctor Ríos, quien fue recientemente salpicado en un supuesto audio, en el que un presunto operador de la lista 9 ofrece privilegios a ser concedidos por Ríos, a cambio del apoyo a la lista 9. Al respecto, el ministro publicó que “Toda afirmación sobre mi supuesta participación en actividades políticas es falsa. Iniciaré acciones penales en contra del Dip Carlos E Silva por sus acusaciones infundadas y absurdas que afectan mi honor personal y mis funciones como Ministro CSJ.”
