A la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil le salió carísimo el hábito de hacerse la desentendida con las órdenes judiciales. En un fallo unánime y definitivo, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial confirmó que la institución deberá meterse la mano bien hondo en el bolsillo y devolverle más de 55.300 millones de guaraníes —con un jugoso recargo del 2% de interés mensual retroactivo— a la empresa Consorcio Aeroportuario de Depósitos Aduaneros S.A. (Codesa).
La historia de este golpazo millonario arrancó allá por los años 2011, 2012 y comienzos de 2013, cuando en la Dinac parecieron confundir la calculadora con una máquina de imprimir billetes. Resulta que Codesa, encargada de mover cargas en el Aeropuerto Silvio Pettirossi, consideró que las tasas que le querían cobrar eran una exageración y recurrió a la Justicia. Un juez le dio la razón de entrada y fijó un tope bien claro para los cobros: 0,20 dólares por kilo para cargas normales y 0,50 para las especiales.
Sin embargo, lejos de acatar el freno de mano judicial, en la Dinac decidieron acelerar a fondo. Lejos de quedarse de brazos cruzados, consiguieron decretos del Poder Ejecutivo para meter tarifazos que llegaron a dispararse ¡hasta un 500%! Así, entre el cobro duplicado y las tarifas infladas, la cuenta a favor de la empresa no paró de crecer. Incluso cuando la Corte Suprema de Justicia le dejó en claro a la Dinac en 2015 que lo que estaba haciendo era ilegal, el ente estatal siguió facturando como si nada pasara.
Agotada la paciencia, Codesa presentó en 2022 la demanda para recuperar su dinero. Ahí fue cuando los abogados de la Dinac sacaron su mejor truco de magia intentando alegar que «la causa ya había prescripto» porque habían pasado muchos años desde aquellas facturas de 2011. Pero los camaristas Linneo Ynsfrán, Antonia López y Neri Villalba le pincharon el globo al argumento: explicaron con manzanitas que el tiempo legal para reclamar no empezó cuando se emitieron los papeles, sino en 2015, cuando la Corte confirmó que la Dinac estaba fuera de regla. Por ende, la demanda llegó vivita, coleando y dentro del plazo de diez años que exige la ley.
Por si fuera poco, el tribunal remató el fallo señalando que la Dinac actuó con «manifiesta mala fe», al haber presionado al Ejecutivo para subir las tasas a sabiendas de que existía una medida judicial que se lo prohibía. Por ese «pequeño detalle», los jueces castigaron al ente público ordenando que el 2% mensual de interés no se empiece a contar desde que se presentó la demanda, sino retroactivamente desde el mismísimo día en que cobraron cada guaraní de más. Así, entre vivezas administrativas y gambetas legales fallidas, a la Dinac le tocó la peor parte del vuelo: un aterrizaje forzoso con una factura multimillonaria que pagaremos todos.
Fuente: ABC Digital
