Bajo el manto de la noche y en un absoluto silencio estratégico, las rutas de Paraguay fueron testigos de un despliegue de seguridad sin precedentes en los últimos tiempos. En una acción coordinada que unió las fuerzas del Ministerio de Justicia, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Consejo de Defensa Nacional (Codena), se ejecutó el denominado «Operativo Umbral 3.5».
Esta intervención simultánea logró la reubicación de más de 700 personas privadas de libertad en Asunción y Ciudad del Este, marcando otro hito definitivo en el postergado reordenamiento de las cárceles del país.
El reloj marcaba las últimas horas del domingo cuando los motores de los transportes de seguridad comenzaron a encenderse de manera coordinada. El principal foco de atención estuvo en el Centro Nacional de Prevenidos —la emblemática exPenitenciaría Nacional de Tacumbú—, desde donde fueron trasladados 508 internos hacia diversos centros penitenciarios del interior. Al mismo tiempo, a cientos de kilómetros de distancia, otra caravana custodiada trasladaba a 215 condenados desde el Centro de Prevenidos de Ciudad del Este hacia la moderna penitenciaría de Minga Guazú. En total, la importante ingeniería logística movilizó a 723 reclusos en un par de horas, sin que se registrara un solo incidente de seguridad.
El trasfondo de esta movilización nocturna responde a un plan de reconversión estatal. El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, explicó que la meta principal es transformar de manera definitiva la antigua e histórica cárcel de Tacumbú. Aquel penal que en sus épocas más oscuras llegó a albergar a unos 4.000 internos bajo críticas internacionales por hacinamiento y descontrol, hoy respira un aire completamente distinto. Gracias a este nuevo traslado, la población del Centro Nacional de Prevenidos se redujo drásticamente de 1.600 a unos 1.100 reclusos, alcanzando uno de los niveles más bajos de ocupación en toda su historia. En el lugar solo permanecen unos 40 condenados de forma temporal, quienes se encuentran trabajando activamente en las obras de reconstrucción y adecuación del edificio.
Para garantizar el éxito absoluto del procedimiento y llevar tranquilidad tanto a la ciudadanía como a los familiares de los internos, el Gobierno aplicó un riguroso protocolo de derechos humanos y tecnología de vanguardia. Cada uno de los reclusos reubicados pasó por estrictos controles médicos antes de subir a los vehículos y al llegar a sus destinos. Asimismo, el trayecto contó con un monitoreo permanente y, al ingresar a sus nuevas celdas, cada interno fue sometido a un nuevo proceso de identificación biométrica a través del sistema AFIS de la Policía Nacional, cerrando así cualquier posibilidad de error en las identidades.
Este operativo no es un hecho aislado, sino la continuación de una agresiva política penitenciaria que comenzó meses atrás con intervenciones de gran impacto como los operativos Veneratio y las fases previas de Umbral. Con esta última acción, las autoridades ya suman cerca de 4.000 traslados exitosos en el año, consolidando una estrategia clave: separar de manera tajante a los ciudadanos que ya tienen una condena firme de aquellos que todavía enfrentan procesos judiciales en trámite. Con las cartas sobre la mesa, el sistema carcelario paraguayo avanza hacia un nuevo modelo de gestión, intentando saldar una de sus deudas estructurales más profundas y recuperar el control absoluto desde las entrañas mismas de sus penitenciarías.
Fuente: ABC Digital
