Los muros del exclusivo barrio cerrado en Lambaré resguardan mucho más que el descanso del exsenador cartista Hernán Rivas; custodian un silencio financiero que acaba de quebrar la paciencia de las instituciones públicas.
La Contraloria General de la República ha tomado cartas en el asunto y ha iniciado un sumario administrativo contra el exlegislador, acorralándolo tras ignorar sistemáticamente las exigencias legales que obligan a todo servidor público a rendir cuentas claras sobre sus bienes al abandonar su cargo.
El reloj de la impunidad burocrática ha dejado de correr para Rivas, quien se vio forzado a renunciar a su investidura el pasado 8 de mayo con el fin de someterse a la justicia ordinaria. La legislación paraguaya otorga un plazo improrrogable de quince días hábiles para presentar la declaración jurada de bienes y rentas, así como el desglose detallado de sus intereses. Sin embargo, tras casi dos meses de absoluta evasión, la omisión se ha vuelto insostenible, forzando a la Dirección de Declaraciones Juradas a impulsar una investigación que busca desnudar las finanzas del político.
Armindo Torres, la voz detrás de la Dirección de Declaraciones de la Contraloría, confirmó que el proceso ya se encuentra formalmente en marcha y ha sido trasladado al despacho del contralor general, Camilo Benítez, para su firma inmediata. El procedimiento no contempla privilegios: una vez firmada la resolución, Rivas contará con un plazo perentorio de diez días para responder e intentar justificar lo injustificable. Si decide llamarse a silencio, el engranaje institucional no se detendrá; el sumario continuará su curso implacable durante un periodo máximo de noventa días hasta dictaminar la correspondiente sanción económica. La única vía de escape rápida para el exsenador sería allanarse por completo, presentar los papeles requeridos, asumir el retraso y abonar la multa correspondiente para finiquitar el trámite.
El misterio que rodea la actual fortuna de Rivas no es un tema menor, especialmente si se examinan los antecedentes que él mismo dejó asentados en los registros oficiales. En su última rendición de cuentas, correspondiente al año 2023, el exsenador sorprendió al país al declarar un insólito patrimonio neto negativo de setecientos ochenta y seis millones de guaraníes. Esta asombrosa ingeniería financiera se sostenía sobre la base de millonarias deudas que ascendían a los novecientos setenta y siete millones de guaraníes, frente a unos activos declarados de apenas ciento noventa y dos millones.
¿Cómo se transformaron esos números en los últimos meses en el Congreso? ¿Qué esconde verdaderamente detrás de su renuencia a declarar su realidad económica actual? Esas son las interrogantes que flotan en el ambiente político y que la Contraloría busca responder de manera categórica.
Aunque el exsenador intente dilatar el desenlace, la mancha de haber ocultado su patrimonio frente al escrutinio ciudadano quedará como un recordatorio de los vicios que aún se resisten a morir en la política nacional.
Fuente: Ultima Hora
