Asunción, 8 de junio de 2026 — El presidente Santiago Peña objetó parcialmente la Ley N° 7653 «Del Ejercicio Profesional de la Radiología» y el anuncio generó fuerte malestar en el gremio. A través del Decreto N° 6182, el Poder Ejecutivo devolvió al Congreso el proyecto sancionado el 26 de abril y recortó 3 puntos centrales que los radiólogos consideraban conquistas históricas.
Qué objetó el Ejecutivo. Jubilación especial – Art. 26: El Gobierno eliminó todo el capítulo previsional. El Ministerio de Economía y Finanzas argumentó que no hay estudios actuariales, que viola la reforma de la Ley 7633/2026 y que crearía un «precedente» que fragmenta el sistema de jubilaciones del sector salud.
Descanso profiláctico – Art. 22: Vetó la frase «por un periodo de veintiocho días corridos». Según el decreto, la Autoridad Reguladora Radiológica Nacional dictaminó que «no existen evidencias científicas que avalen riesgos adicionales» y recordó que IPS ya otorga 28 días por reglamento interno.
Jornada laboral – Art. 19 inc. a): Objetó el tope de «veinte horas semanales» y la frase «donde el profesional radiólogo preste servicio». Para el Ejecutivo, la carga horaria debe definirse por reglamento según el tipo de tecnología y nivel de exposición.
El Gobierno sostiene que el resto de la ley queda vigente y que los temas laborales podrán reglamentarse después. «Un golpe al sector», dicen los radiólogos. La decisión cayó mal en la Sociedad Paraguaya de Radiología. Los profesionales advierten que se dejó sin efecto lo más sensible: condiciones de trabajo y retiro.»Nos sacan la jubilación diferenciada, nos dejan sin garantía de horas y nos quitan el descanso por ley. Esto no es proteger al trabajador, es precarizar», expresaron dirigentes tras conocer el veto.
Reclaman que la exposición a radiaciones ionizantes sí tiene riesgos y que el tope de 20 horas y los 28 días de descanso ya se aplican en IPS, por lo que legislarlo era dar seguridad jurídica. El Congreso no logro los 2/3 de votos necesarios para ratificarse en su versión. Al no hacerlo, los artículos objetados serán reglamentados por el Ejecutivo. La ley buscaba jerarquizar la profesión y establecer estándares de protección. Con la objeción parcial quedando firme, la propuesta perdió totalmente su intención original.