La bancada de Yo Creo en el Congreso Nacional, integrada por los senadores Rubén Velázquez, José Oviedo junto a la diputada Leidy Galeano, manifestó su rechazo ante la decisión judicial de elevar a juicio oral la causa contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Los legisladores denunciaron un avasallamiento de las garantías constitucionales tras confirmarse que el juez penal de garantías, Humberto Otazú, excluyó la principal prueba de la defensa: un material audiovisual que documenta el trabajo de distribución de alimentos en plena pandemia.
Detalles del «Caso Tajy». El proceso judicial, conocido formalmente como el «Caso Tajy», investiga un presunto perjuicio patrimonial de G. 306.188.500 en contra de las arcas de la Municipalidad de Ciudad del Este. La Acusación Fiscal: El Ministerio Público, bajo la representación del fiscal Silvio Corbeta, sostiene que entre marzo y junio de 2020 la administración de Prieto realizó una «compra simulada» de insumos de panadería y kits de alimentos para familias vulnerables. La fiscalía argumenta que la firma adjudicada, Tajy Servicios Generales, carecía de capacidad logística para proveer dichos productos y que las mercaderías nunca fueron entregadas.
La Calificación Jurídica: Con la resolución del magistrado Otazú, Miguel Prieto y otros coprocesados irán a juicio oral bajo los cargos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
Censura de la prueba reina: Durante una conferencia de prensa en el Poder Legislativo, el senador Rubén Velázquez expuso que el juez Humberto Otazú actuó de forma parcial al no tener en cuenta un video de más de 40 minutos presentado por la defensa. Contenido de la evidencia: El material audiovisual exhibe de manera detallada las jornadas de trabajo en Ciudad del Este durante la crisis sanitaria, mostrando la compra de materias primas (harina, sal y levadura), la elaboración de los panificados y la posterior repartición efectiva de comida por parte de la empresa y los equipos municipales a los pobladores de escasos recursos.
Denuncia de persecución: El equipo de Yo Creo sentenció que privar a Prieto del derecho de exhibir este video ante el tribunal ordinario confirma que el proceso obedece a un «guion político» impulsado desde sectores de la oposición tradicional. Afirman que la intención real es forzar una condena fraudulenta para frenar su eventual carrera presidencial. Por su parte, el propio Miguel Prieto utilizó sus plataformas digitales oficiales para difundir el video censurado, asegurando que «la mejor prueba de que no fue una simulación» está a la vista de toda la ciudadanía.