El Instituto de Previsión Social atraviesa uno de sus momentos más complejos. Dos de sus últimos presidentes, Jorge Magno Brítez Acosta y Vicente Mario Bataglia, enfrentan causas penales por presuntos hechos de corrupción ocurridos durante sus gestiones.
El caso Bataglia: supuesto desvío de G. 1,6 billones. La investigación contra Vicente Bataglia, quien presidió el IPS hasta agosto de 2023, se inició tras una denuncia presentada por el entonces presidente del Consejo, Jorge Brítez, junto a la ex senadora Kattya González y el diputado Rubén Benítez. La causa se basa en el Reporte CGR N° 53/2023, que detectó un presunto perjuicio patrimonial de G. 1.630.414.082.023 en el ejercicio fiscal 2022 y primer cuatrimestre de 2023.
Entre los hechos denunciados figuran irregularidades en líneas de crédito y el hallazgo de equipamientos abandonados a la intemperie en el Hospital Central: plantas generadoras de oxígeno, quirófanos modulares y generadores, sin documentación de respaldo. Además de Bataglia, fueron denunciados los consejeros Roberto Brítez Ferreira, Gustavo Ramón Arias, Ludia Silvera López, Miguel Ángel Doldán Martínez y Ricardo Vicente Oviedo Medina.
En 2024 la Fiscalía solicitó desestimar la denuncia argumentando que un pagaré irregular fue subsanado. Sin embargo, el juez Humberto Otazú se opuso y la Cámara ordenó continuar la investigación, señalando que los asegurados “se merecen una respuesta legítima y razonable”.
El caso Brítez: lesión de confianza por G. 391.000 millones. Jorge Brítez asumió la presidencia del IPS en agosto de 2023 y dejó el cargo en abril de 2026. El 27 de mayo de 2026, el Fiscal General Emiliano Rolón dispuso la apertura de causa penal y conformó un equipo especial de Delitos Económicos para investigar su gestión.
La denuncia, presentada por los abogados Juan José Bernis y María Muñoz, apunta a 5 licitaciones de 2025 relacionadas a servicios de limpieza, fumigación, lavandería y desinfección. El perjuicio estimado es de G. 391.000 millones. Junto a Brítez fue imputado el exgerente de Abastecimiento, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, y varios miembros del Consejo: Gustavo González, Carlos Pereira, José Argaña, Víctor Insfrán y José Jara.
El 28 de mayo, los denunciantes solicitaron medidas urgentes: prohibición de salir del país y arraigo, ante el temor de que Brítez viaje a Estados Unidos por el Mundial y no regrese. También se cuestionaron aumentos de planilla por designaciones de “confianza”, deudas con proveedores y el bajo cumplimiento de recomendaciones de auditoría. Los fiscales a cargo son Silvio Corbeta Dinamarca y Silvia González Véster, bajo coordinación de Nancy Salomón.
Un patrón que se repite. Ambas causas reflejan problemas estructurales en el IPS: falta de control en contrataciones, equipamientos sin destino y decisiones financieras cuestionadas. Mientras la causa contra Bataglia lleva casi 3 años y sigue en etapa de investigación, la de Brítez recién comenzó y ya generó pedidos de medidas cautelares.
El Ministerio Público deberá ahora determinar si existen elementos suficientes para elevar ambas causas a juicio oral. Mientras tanto, el IPS, con más de 1,5 millones de asegurados, continúa bajo presión para recuperar la confianza y garantizar transparencia en el uso de los fondos.