ASUNCIÓN. El clima de negocios y la seguridad jurídica que el presidente Santiago Peña promociona a nivel internacional enfrentan un duro revés tras una grave denuncia pública. El empresario norteamericano Dario Antonio Silva Junior, propietario de la firma Bem Estar Clínica Estética S.A., publicó una contundente solicitada dirigida al mandatario y a la opinión pública, denunciando haber sido despojado de un multimillonario negocio farmacéutico. El caso, que involucra al conocido laboratorio local INDUFAR CISA, ya escaló al ámbito diplomático con la intervención activa de la Embajada de los Estados Unidos.
El conflicto gira en torno a la producción y comercialización exclusiva de la tirzepatida, un innovador y altamente demandado fármaco utilizado para tratamientos contra la obesidad y la diabetes. Según la denuncia penal, la firma local e internacionales firmaron un pacto de confidencialidad en 2024 para desarrollar el mercado nacional. Sin embargo, la fiscala Natalia Montanía imputó recientemente a los directivos de INDUFAR por estafa, lesión de confianza y asociación criminal tras detectar un presunto desvío sistemático del producto hacia una red propia de farmacias aliadas, desplazando deliberadamente al socio norteamericano. El perjuicio financiero estimado supera los 4 millones de dólares.
A la par del frente penal, INDUFAR suma acusaciones por un supuesto desacato judicial. La justicia civil paraguaya emitió una medida cautelar que obligaba al laboratorio a suministrar un stock de 150.000 cajas mensuales del medicamento a Bem Estar. El inversor extranjero denunció públicamente que el laboratorio desafió abiertamente la orden entregando un lote irrisorio de apenas 500 unidades, para inmediatamente después recusar a la magistrada de la causa con fines dilatorios.
Por su parte, la defensa de INDUFAR rechaza de manera tajante los cargos fiscales y sostiene que el conflicto ya fue resuelto previamente mediante un «Acuerdo de Terminación por Mutuo Consentimiento» certificado por escribanía pública en junio de 2025. Califican la imputación penal de «garrote extorsivo» y defienden que cualquier diferencia comercial debe resolverse únicamente en un ámbito de arbitraje civil y no ordinario.
El escándalo trasciende lo comercial y enciende alarmas en el Palacio de López. La advertencia del empresario Silva Junior es rotunda: este tipo de esquemas corporativos e impunidad judicial destruyen los esfuerzos gubernamentales por posicionar al Paraguay como un destino confiable y seguro para el capital extranjero [abc.com.py]. El estricto monitoreo del proceso por parte de la Embajada de los Estados Unidos añade una presión política internacional que las autoridades judiciales paraguayas ya no podrán ignorar.