La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) hasta ahora no pasó la trazabilidad sobre las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. Dicha instancia, dependiente del Ministerio de Hacienda, es la que tiene las condiciones técnicas para saber la lógica entre los ingresos, egreso e impuestos.
Efectivamente, Tributación, a cargo del viceministro Òscar Orué (foto), es la entidad técnica capaz de saber sobre la evasión de impuestos de los funcionarios y por ende encarar la posibilidad de enriquecimiento ilícito de los empleados del Estado. En tanto, el organismo capacitado para hacer un seguimiento al lavado de dinero es la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).
Tras la apertura de las declaraciones juradas por parte de la Contraloría General de la República corresponde a Tributación realizar la trazabilidad y en caso de anomalías e irregularidad debe pasar los datos concretos al Ministerio Público para que de investigue cada denuncia. Esta instancia puede imputar y acusar ante el Poder Judicial, institución que tiene a su cargo la condena si necesario fuere.
En junio del año pasado, la fiscala general, Sandra Quiñónez, convocó a la Contraloría y Tributación para conformar una “mesa de trabajo” a raíz de las publicaciones de las declaraciones juradas que revelaron el posible enriquecimiento de ex y actuales altos funcionarios públicos. Sin embargo, aun no se conoce la versión de Tributación, paso necesario para la investigación fiscal.
