El oficialismo colorado, un sector del PLRA, Patria Querida y Encuentro Nacional, además de Hagamos, no logran la cantidad de votos necesarios para comenzar siquiera el juicio político a la Fiscal General Sandra Quiñónez. Este sería el cuarto intento y con el mismo resultado. Existe además un apoyo internacional a la titular del Ministerio Público, que debilita la intención de poner una fiscal a medida. El plan contra Quiñónez coincide además con el adelantamiento de la llegada del nuevo embajador de EE.UU., Marc Ostfield, ya que la alta funcionaria de Estado es considerada aliada estratégica del país del norte.
Estarían faltando por lo menos 6 a 8 votos para poder iniciar el juicio político a Quiñónez en Cámara Baja. El sector llanista, que podría aportar los votos necesarios, no determina aún su decisión de apoyar o no la remoción de la fiscal general, aunque el líder del sector, senador Blas Llano, quien recientemente llegó de Estados Unidos, ya manifestó su postura de no inmiscuirse en este tema juicio a la Fiscal General, ya que el mismo tiene como base una disputa interna de la ANR.
La falta de votos para siquiera comenzar a hablar de una destitución a Quiñónez permitió el tiempo para que gremios internacionales reaccionen y manifiesten su rechazo a esta nueva iniciativa contra la Fiscalía General de la República. «La vinculación de los ataques con personalidades del ámbito de la política que fueron sometidas a proceso, permite sospechar con claridad objetiva que existe una aparente intención de contaminar las investigaciones sobre importantes hechos de corrupción y cercenar las capacidades investigativas de la Fiscalía», reza un fuerte comunicado dado a conocer esta semana por Federación Latinoamericana de Fiscales (FLF), compuesta por magistrados de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
El manifiesto agrega además que el gremio ha observado que en estos días, «la Fiscal General del Estado de la República de Paraguay, Sandra Raquel Quiñonez Astigarraga, ha sido cuestionada por un supuesto incumplimiento del rol constitucional atribuido al Ministerio Público, en base a datos imprecisos e incluso atribuibles a otros poderes del Estado paraguayo, negando el aval de los otros controles cruzados institucionales, tanto en el orden jurisdiccional como administrativo, que tiene la tarea de los fiscales».
La FLF alertó a la comunidad jurídica de la región a estar alerta sobre la reiteración de estas irregularidades, «exhortando a una prudencia especial, en este caso, de los organismos competentes de Paraguay, de modo tal que eviten que sus conclusiones afecten a los procesos penales en marcha, y pongan en riesgo los principios republicanos, al admitir que presiones intolerables que traten de afectar la independencia imparcialidad del Ministerio Público Fiscal».
En la parte final de su comunicado, el gremio internacional destacó que «este llamado de atención, en modo alguno pretende establecer una defensa corporativa de ningún fiscal o magistrado judicial, por el contrario tiene el objetivo de poner de manifiesto la defensa de la institucionalidad y legalidad que les corresponde a los fiscales en el legitimo ejercicio funcional, en defensa de los establecido en las constituciones nacionales y las leyes reglamentarias que rigen su ejercicio».
Llegada del nuevo embajador de Estados Unidos
El encargado de negocios de los EE.UU., Joseph Salazar, comunicó al Gobierno que se adelantaría para esta semana el arribo del nuevo embajador estadounidense Marc Ostfield, quien llegará así en momentos de definición del juicio político a la fiscala Sandra Quiñónez, considerada como una de als principales colaboradoras de ese país en la lucha contra el crimen organizado internacional.
Marc Ostfield es diplomático de carrera que últimamente ejerció el puesto de defensor (ombudsman) del Departamento de Estado y que tiene más de 20 años de experiencia en política exterior, incluido como coordinador de programas de salud en Latinoamérica.