Un clásico que se ve cada año es un intento de juicio político a la Dra. Sandra Quiñónez, fiscal general. Nuevamente en el 2.022 los parlamentarios opositores y oficialistas (que se sumaron esta vez por una cuestión electoral), sumados a los influyentes multimedios (Grupo ABC y Vierci) volvieron a intentar sacarla, con el mismo resultado de los últimos tres años. El apoyo internacional y de importantes gremios locales a la gestión de la titular del Ministerio Público influyeron nuevamente a desactivar la intenciones de elegir a otro fiscal general.
Este año, incluso, el Ministerio Público, aliado con las fuerzas de seguridad del Brasil y Estados Unidos, dio una fuerte respuesta en plena presentación del libelo acusatorio con el operativo «A Ultranza», que no solo desarticuló una organización dedicada al narcotráfico y lavado de dinero, sino que sacudió al sector político.
El golpe «quirúrgico», como lo denominaron varios analistas, hizo desactivar de inmediato el intento de juicio político a Quiñónez ya que restó votos en Diputados a esta intención, pues una de las principales bases del libelo acusatorio salió de las declaraciones del exsenador Arnaldo Giuzzio, entonces ministro del Interior, cuya conexión con un narco (detenido en Foz de Iguazú hace 2 semanas en el marco del operativo Turf) fue lo primero que saltó. El escándalo hizo que el alto funcionario de Gobierno sea destituido del cargo.
Pese al debilitamiento de los argumentos para el juicio político, por la caída de Giuzzio y el respaldo de los Estados Unidos a Quiñónez, los holding de medios de comunicación mencionados, además de la senadora Desirée Masi (Presidenta del PDP, principal promotora del juicio político y aliada de Giuzzio) siguen insistiendo por la destitución de la Fiscal General, esta vez con los argumentos de un supuesto retraso en el comisio de los bienes de Dario Messer, algo que ya se aclaró, desde los organismos responsables de Paraguay y Brasil, que todo está en tiempo y forma.
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La película, «juicio que no fue», que va llegando a su final, vuelve a evidenciar la perdida de influencia de los holding de comunicación a la hora de buscar imponer situaciones con argumentos que carecen de peso por estar contaminados con asuntos de política partidaria.
Y surge la pregunta: ¿Organismos considerados serios, como ser la DEA (Gobierno de Estados Unidos), Policía Europea (Europol) o la Policía Federal del Brasil estarían involucrados con agentes paraguayos que representan a la Fiscalía si éstos buscan ocultar información o favorecer a salpicados en casos de narcotráfico y lavado de activos? ¿Por qué, pese a las acusaciones de medios de comunicaciones (que son referentes informativos de nuestro país), además de legisladores opositores y oficialistas, igual estos organismos internacionales mencionados siguen trabajando con el Ministerio Público, a cargo de Quiñónez?
