En un fallo considerado crucial para la salud democrática y el ejercicio del periodismo en Paraguay, un Tribunal de Apelación Penal echó por tierra la polémica condena por supuesta difamación dictada contra la directora del grupo ABC Color, Natalia Zuccolillo, y el periodista Juan Carlos Lezcano.
La decisión, adoptada por mayoría por los camaristas Digno Fleitas y Camilo Torres, no solo desmantela una resolución judicial ampliamente cuestionada por organizaciones nacionales e internacionales, sino que desnudó graves vicios procesales y una evidente confusión jurídica cometidos en la instancia anterior.
La historia se remonta a noviembre de 2022, cuando el juez de sentencia Wilfrido Peralta falló a favor de la exviceministra de Tributación, Marta González, imponiendo multas millonarias a los comunicadores tras una serie de publicaciones periodísticas que exponían asuntos de estricto interés público. Aquella sentencia encendió alarmas globales al ser percibida como un peligroso intento de amordazar las investigaciones sobre la gestión de fondos y figuras del Estado.
Sin embargo, el reciente veredicto de la Cámara de Apelaciones desarmó la estructura de ese castigo al demostrar que el magistrado de primera instancia mezcló conceptos legales de forma arbitraria e ilegal, introduciendo elementos del delito de calumnia en una causa que se juzgaba bajo la figura de difamación, además de basar su dictamen en supuestas pruebas que jamás fueron admitidas en el proceso.
El caso tomó un matiz aún más contundente con el voto en disidencia de la camarista Miryam Meza de López, quien sostuvo que el juicio ni siquiera debió culminar en una condena debido a que la causa ya se encontraba plenamente prescripta. La magistrada criticó con dureza que se violentara el principio de legalidad al estirar los plazos procesales mediante interpretaciones erróneas, ignorando que el derecho al tiempo razonable protege la seguridad jurídica de cualquier ciudadano frente a los excesos del aparato estatal. Con esta anulación masiva, el expediente regresa ahora a la casilla de salida para la realización de un nuevo juicio, dejando flotando en el ambiente un mensaje claro: la balanza de la justicia debe inclinarse siempre a favor de ponderar con rigurosidad el derecho a la honra frente a la libertad de expresión, blindando la fiscalización ciudadana ante los abusos del poder.
Fuente: ABC Digital
