Asunción. El sistema financiero y el tablero político de Paraguay ingresaron de forma simultánea en una zona de alta turbulencia. En una seguidilla de acciones sin precedentes, ambas cámaras del Congreso Nacional activaron una «guerra de pedidos de informes» dirigidos al Banco Central del Paraguay (BCP).
El regulador bancario quedó en el centro de un fuego cruzado que no solo expone fracturas políticas extremas, sino que además coloca bajo la lupa de la Superintendencia de Bancos a tres de las principales entidades de plaza: ueno bank, Banco Atlas y Banco Sudameris.
El contraataque cartista se centró en ueno bank y el entorno presidencial. La bancada de Honor Colorado en el Senado impulsó un requerimiento con 31 preguntas técnicas dirigidas al BCP para auditar a la entidad. La lupa se posa sobre la legalidad de los límites regulatorios en transacciones con empresas vinculadas a su propio holding patrimonial, la venta de carteras millonarias y el incremento del 257% en pocos meses de los fondos jubilatorios del Instituto de Previsión Social (IPS) colocados en dicho banco.
El senador cartista Gustavo Leite admitió que cualquier irregularidad detectada «golpeará» de forma directa al presidente Santiago Peña, debido a los históricos vínculos patrimoniales declarados por el mandatario y la participación de su hermano en firmas ligadas a la estructura comercial del banco.
El Congreso también exige saber el impacto de la «excepción contable» que la Superintendencia concedió a ueno tras absorber a Visión Banco. La entidad financiera emitió un comunicado garantizando que opera con total solidez y apego a las métricas legales.En paralelo, la Cámara de Diputados aprobó el pedido de informes enfocado en Banco Atlas.
Los legisladores buscan fiscalizar el nivel de control del BCP sobre fideicomisos vinculados al fallecido dirigente Nicolás Leoz, a los fondos de infraestructura del IPS y a las operaciones inmobiliarias de la firma Paraqvaria, ligada al esquema del cambista Darío Messer. Durante el debate, el diputado Raúl Benítez calificó el pedido como «apriete institucional» y planteó devolverlo a comisión, pero el bloque mayoritario forzó la resolución.
Para completar el escenario de tensión, el senador Colym Soroka sumó un nuevo frente al requerir informes sobre los movimientos y la captación de fondos públicos por parte de Banco Sudameris. Los cuestionamientos en la Cámara Alta apuntan al volumen de concentración de depósitos públicos y a modificaciones de límites que presuntamente habrían expuesto recursos estatales por encima de las métricas prudenciales permitidas.
La escalada legislativa desató de inmediato las alarmas del sector privado. Liz Cramer, presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), defendió la institucionalidad y rigurosidad técnica del BCP. Si bien desde el gremio se respeta la facultad constitucional del Parlamento para solicitar datos, existe preocupación sobre el uso político de la información técnica bancaria.
Este panorama implica tres riesgos urgentes: la pérdida de la inmunidad técnica del BCP al quedar expuesto a interpretaciones políticas partidarias; el riesgo reputacional y de depósitos al airear públicamente dudas sobre solvencia y trazabilidad de fondos; y un quiebre en el «Poder Real», ya que que el cartismo investigue al «banco amigo» de Peña evidencia la disputa interna por cuotas de poder.
El mercado corporativo paraguayo aguarda ahora las respuestas que el Banco Central deberá remitir en los próximos 15 días. En este escenario, la delgada línea entre la transparencia institucional y el canibalismo político definirá la estabilidad económica del país.